Nuevo escándalo de corrupción salpica a Brasil en medio de caso Petrobras
Un nuevo escándalo de corrupción estalló hoy en Brasil con una estafa millonaria en la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público, justamente al cumplirse un año de la investigación del caso Petrobras, eje de la crisis política del segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff.
La policía brasileña desarticuló este martes una red acusada de haber desviado cerca de 100 millones de reales (unos 31,2 millones de dólares) de la estatal Caixa Económica Federal, lo que aumentó la presión sobre el Gobierno en el combate a la corrupción. La operación para desmontar la red enquistada en la entidad coincide con el primer aniversario de la bautizada como operación Lava Jato, la cual desenmascara desde hace un año la compleja red delictiva instaurada en la petrolera de la que formaban parte empresas de la construcción, ejecutivos y políticos. La corrupción ha golpeado fuertemente la popularidad de la mandataria, que se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió el poder en 2011, y también fue el principal motivo de las protestas que el domingo llevaron a las calles a cerca de dos millones de personas en todo el país, de acuerdo con una encuesta del diario Folha de Sao Paulo.
De acuerdo con el sondeo del Instituto Datafolha, después de la corrupción, el segundo motivo para protestar en la manifestación de Sao Paulo, la más masiva, fue con un 27 % la destitución de la presidenta, quien asumió su segundo mandato el pasado 1 de enero. En medio de este escenario, Rousseff prometió el lunes un paquete de medidas para intensificar el combate a este tipo de delito, aunque insistió que su Gobierno ha sido el que más ha enfrentado esta lacra en los últimos años. Once personas han sido condenadas y otras 82 son juzgadas en el marco de la investigación por la corrupción en Petrobras, mientras que la Corte Suprema autorizó a investigar a 50 políticos con fuero privilegiado, entre los que se encuentran los dos jefes del legislativo y cinco exministro de la presidenta. El escándalo ha puesto en jaque al sistema político brasileño y ha generado una fragmentación en el Congreso brasileño que podría dificultar la aprobación del ajuste fiscal propuesto por el Gobierno para equilibrar las maltrechas cuentas públicas. El nivel de alerta del Gobierno se ha acentuado todavía más este martes después de que la policía descubriera un millonario desvío de dinero en la Caixa Económica Federal, otra de las importantes estatales brasileñas. El juez responsable por la investigación ordenó 34 mandatos de conducción coercitiva para permitir que los acusados sean trasladados y sometidos a interrogatorios en comisarías, así como 10 mandatos de separación de funcionarios públicos de sus funciones.
La policía brasileña desarticuló este martes una red acusada de haber desviado cerca de 100 millones de reales (unos 31,2 millones de dólares) de la estatal Caixa Económica Federal, lo que aumentó la presión sobre el Gobierno en el combate a la corrupción. La operación para desmontar la red enquistada en la entidad coincide con el primer aniversario de la bautizada como operación Lava Jato, la cual desenmascara desde hace un año la compleja red delictiva instaurada en la petrolera de la que formaban parte empresas de la construcción, ejecutivos y políticos. La corrupción ha golpeado fuertemente la popularidad de la mandataria, que se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió el poder en 2011, y también fue el principal motivo de las protestas que el domingo llevaron a las calles a cerca de dos millones de personas en todo el país, de acuerdo con una encuesta del diario Folha de Sao Paulo.
De acuerdo con el sondeo del Instituto Datafolha, después de la corrupción, el segundo motivo para protestar en la manifestación de Sao Paulo, la más masiva, fue con un 27 % la destitución de la presidenta, quien asumió su segundo mandato el pasado 1 de enero. En medio de este escenario, Rousseff prometió el lunes un paquete de medidas para intensificar el combate a este tipo de delito, aunque insistió que su Gobierno ha sido el que más ha enfrentado esta lacra en los últimos años. Once personas han sido condenadas y otras 82 son juzgadas en el marco de la investigación por la corrupción en Petrobras, mientras que la Corte Suprema autorizó a investigar a 50 políticos con fuero privilegiado, entre los que se encuentran los dos jefes del legislativo y cinco exministro de la presidenta. El escándalo ha puesto en jaque al sistema político brasileño y ha generado una fragmentación en el Congreso brasileño que podría dificultar la aprobación del ajuste fiscal propuesto por el Gobierno para equilibrar las maltrechas cuentas públicas. El nivel de alerta del Gobierno se ha acentuado todavía más este martes después de que la policía descubriera un millonario desvío de dinero en la Caixa Económica Federal, otra de las importantes estatales brasileñas. El juez responsable por la investigación ordenó 34 mandatos de conducción coercitiva para permitir que los acusados sean trasladados y sometidos a interrogatorios en comisarías, así como 10 mandatos de separación de funcionarios públicos de sus funciones.
(Fuente: El Mostrador)
No hay comentarios :
Publicar un comentario